Las declaraciones del primer ministro Ariel Sharon y del Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Dan Hallutz, en el sentido de que Israel seguirá con la práctica de “asesinatos selectivos” contra los activistas palestinos, constituye una reafirmación de la voluntad de los más altos círculos políticos y militares del estado sionista de acometer nuevos crímenes de guerra contra los ciudadanos palestinos.

Tales declaraciones fueron realizadas por el premier Sharon y el General Hallutz, durante una reunión conjunta de los Comités Conjuntos para los Asuntos Exteriores y para la Defensa del Knesset (parlamento), realizada el pasado día ocho de noviembre, y que fueron ampliamente divulgadas por la prensa israelí.

De acuerdo con la edición digital del periódico Haartz, el General Hallutz, informó a los Comités que la política de “asesinatos selectivos” -término empleado por Israel para describir sus crímenes extrajudiciales contra los palestinos- ha mostrado su efectividad en reducir “la actividad terrorista”. El militar anunció que centrarán sus acciones contra los miembros de la Yihad Islámica.

El rotativo citó las declaraciones de Sharon en esa misma reunión al decir que los “asesinatos selectivos y la presión militar contra las organizaciones terroristas seguirán en pie”.

La práctica de los “asesinatos selectivos” como modus operandi extrajudicial se considera como la más evidente indicación del premeditado genocidio israelí contra los civiles y cuenta con la pública y oficial autorización de las más altas instancias políticas y jurídicas del estado de Israel.

Tel Aviv denomina ese tipo de crímenes como “asesinatos selectivos” y alega que están dirigidos contra personas buscadas que representan una seria amenaza contra la seguridad nacional del estado de Israel, luego de fracasar en detenerlos por encontrarse en zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina.

En realidad, no hay justificación para un asesinato extrajudicial que solo se parece a la aplicación de sentencias de muerte contra personas, sin someterlas a juicio previo y ni siquiera otorgarles la oportunidad y el derecho a la defensa.

De acuerdo con la IV Convención de Viena, referida a la protección de los civiles en tiempo de guerra (1949), ese tipo de acciones clasifica como crimen de guerra y constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos, entre ellas la Declaración Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

Las fuerzas de ocupación cometen esos crímenes fuera de los marcos legales sin importarle la vida de los civiles palestinos que pueden estar en los alrededores.

Los numerosos casos denunciados demuestran que la liquidación de una o más personas debía realizarse a cualquier costo, sin tener en cuenta, o mejor dicho, sin importarle un bledo la vida de otros inocentes.

El asesinato cometido el 27 de octubre último por las tropas israelíes a la entrada del campo de Jabalia es el más reciente ejemplo registrado, en el que los helicópteros israelíes lanzaron cohetes contra un vehículo civil que transportaba cuatro personas, entre ellas un activista de las Brigadas de Jerusalén, brazo armado de la Yihad Islámica.

El incidente provocó la muerte de todos los pasajeros y de tres niños, así como heridas a 19 transeúntes, todos civiles, entre ellos siete menores.

Según los reportes del Centro Palestino para los Derechos Humanos, desde el estallido de la Intifada, en septiembre del 2000, hasta la fecha, han sido asesinados 490 palestinos en crímenes extrajudiciales cometidos por las fuerzas de ocupación. De ellos, 169 son considerados eufemísticamente como bajas colaterales que se encontraban casualmente en el lugar del crimen. Del total de víctimas, 54 son niños.

Esa entidad condena enérgicamente las declaraciones del primer ministro Sharon y del General Hallutz y llama a la comunidad internacional y a las partes firmantes de la IV Convención de Viena a dar pasos activos para obligar a Israel a poner coto a esas acciones, que sólo pueden calificarse como crímenes de guerra por las leyes internacionales y humanitarias.

9 de noviembre del 2005

*Centro Palestino para los derechos humanos